los roces producidos por el caso Antonini Wilson y la valija. El diplomático explicó a la Presidente que desde el gobierno de los Estados Unidos no se hizo ninguna declaración sobre el destino de la valija con 800.000 dólares que le fueron incautados al venezolano Antonini Wilson en el aeroparque de Buenos Aires el año pasado. Las relaciones con el país del norte se habían resentido después de que el 12 de diciembre pasado el Departamento de Justicia norteamericano había afirmado que, según la fiscalía de Miami, el destino de esos dólares era la campaña presidencial de la actual presidente argentina. En ese momento, desde el gobierno nacional hubo una declaración de conspiración e intromisión en la soberanía; y las relaciones, usualmente cordiales entre ambos países, se tensaron. Luego de tratativas desde ambos países, finalmente, Wayne se juntó con el Jefe de Gabinete argentino al inicio de esta semana, en una reunión anticipatoria de lo que sería el encuentro con la Presidente. Desde los Estados Unidos hubo otro gran gesto cuando se confirmó esta semana la visita al país de Thomas Shannon, quien había cancelado su gira debido a los entredichos. Shannon es el hombre encargado de la región dentro del esquema de gobierno del Presidente Bush, por lo que su visita es una demostración de la buena voluntad de ambos países por encausar las relaciones bilaterales.

propicia para demostrar si realmente pueden hacer bien las cosas. Los primeros días de marzo conducirá la Cámara Baja el diputado del Partido Socialista (PS) Juan Bustos y para el 2009, la derecha deberá decidir los nombres de aquellos que ocuparán la presidencia. A juicio de algunos miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el acuerdo les satisface plenamente ya que, para la Alianza, asumir las testeras de ambas cámaras estaba entre sus aspiraciones y con este pacto sus intenciones se ven cumplidas. Pero el resultado de estas conversaciones al interior de los partidos oficialistas y de oposición dejó algunos personeros públicos bastantes diezmados y la Democracia Cristiana (DC) marginada de poder conseguir alguna presidencia. La diputada de la DC Alejandra Sepúlveda, seguidora del recientemente expulsado senador DC Adolfo Zaldívar, fue la gran perjudicada por alcanzar la presidencia de la cámara de diputados en marzo de este año. Las razones de esta marginación de Sepúlveda están en todos los problemas suscitados al interior de la DC por el llamado «colorinazo» y que tuvo como desenlace la salida de Adolfo Zaldívar de la DC y la renuncia de cinco diputados cercanos al senador colorín. Este episodio, que tensionó las relaciones al interior del partido, terminaron por alejar a todos los seguidores del senador de dichos cargos y debilitar la imagen de los colorines en el escenario político local. El segmento político triunfador fue la oposición, que alcanzó un piso político importante para tomar la Cámara Baja y el Senado y construir desde ahí un discurso válido para proyectarse como una sólida opción presidencial. Será importante el trabajo que pueda realizar durante el último año de mandato de la Presidenta Bachelet, ya que la oposición espera con esto encantar a la población chilena de cara a las próximas elecciones nacionales.

Federal Electoral (IFE) envió humo blanco. El IFE encarna más que un organismo electoral. Su vitalidad no se dio por automático en un país que transitó de un sistema hegemónico a uno competitivo electoral que, en lo sustancial, conforman tres grandes partidos. La autoridad encargada de realizar los procesos electorales federales inició el cambio de ruta desde el oficialismo al paradigma de la ciudadanía. Del «juez y parte» se evolucionó al del «juez ciudadano» desde la reforma impulsada por el ex presidente Ernesto Zedillo, en 1996. Atrás habían quedado los tiempos donde el Secretario de Gobernación (Ministerio del Interior) había sido el titular del órgano electoral. Con el IFE ciudadanizado, la estructura está controlada por nueve consejeros ciudadanos con un presidente. ¿Quién elige a los consejeros ciudadanos? La Cámara de Diputados, en concreto, los partidos políticos con representación parlamentaria. La fórmula es quizá la menos mala. Los anticuerpos que le otorgan legitimación y credibilidad provienen del hecho de que los candidatos a ser consejeros deben ser ciudadanos con solvencia moral, académica y un probado apartidismo. Esto último es una quimera en cualquier régimen democrático. Sin embargo, su esencia descansa en que el consejero elegido no tendrá o manejará intereses de un partido político en un órgano legislativo. La dramática elección del 2006 fue más que un traspié, no para el IFE, pero sí para sus consejeros que perdieron la confianza de bastos núcleos sociales y políticos. De allí que se explica la remoción del consejero presidente y de otros dos consejeros. Sin duda, el anterior Consejo nacería cojo cuando fue elegido por mayorías y no por unanimidad. En el trance de la norma, se privilegió lo jurídico al respetar a la mayoría para ganar, pero se lastimó el valor político que demandaba que los árbitros electorales tuvieran una votación por unanimidad. Así es como el país real rebasa al país legal, como han manifestado teóricos del Estado. La votación jurídica empañó la votación política, que es reclamada en asuntos claves que se convierten en punta de lanza para acoplar diversas interacciones en la vida del Estado. La que ocupa al IFE, una muy delicada que es la democracia electoral, de nuevo tendrá una prueba en la elección del 2009, que renovará las 500 curules de la Cámara Baja y que es el termómetro de la primera mitad de la presidencia de Felipe Calderón

virus. Nuestro país, en varios años anteriores, ya fue objeto y víctima de la invasión del Aedes aegypti, derivando muchos casos en la muerte de paraguayos. Ante esta alerta nacional, el Estado, como protector de sus habitantes, puso un bloque de lucha para exterminar al mosquito. A través del Comité Interinstitucional, las acciones tomadas apuntaron al ingreso a las moradas con este fin. Paralelamente, las autoridades han planteado que las personas que se niegan a colaborar con la limpieza de sus hogares y terrenos serán sancionadas vía judicial. El mensaje es claro: el que no coopera será obligado a hacerlo, incluso se podrá ingresar a los domicilios sin orden judicial de allanamiento, con la sola alusión de combatir al mosquito transmisor del dengue. La idea no sería objetable, aunque una determinación así resulte un tanto peligrosa, si estuviésemos en un país del primer mundo. Pero en el caso paraguayo surge la pregunta: ¿qué pasaría si personas que actúan al margen de la ley se aprovechan y visten la remera del mencionado comité e irrumpen los domicilios procediendo al robo de los mismos? Hasta el momento fueron confirmados apenas dos casos de la enfermedad y se aguardan resultados de otros 15, los que en un primer análisis dieron positivo. Amén de lo expresado, la ciudadanía espera que, con este plan, la enfermedad sea aminorada y se erradique definitivamente al insecto.

los recursos turísticos del país. El punto de desencuentro se basa en la entrega en concesión de lugares que conforman el patrimonio histórico del país, razón por la cual Cusco como capital turística peruana ha sido la primera en levantar la voz de oposición. Sin embargo, la norma aprobada en la Comisión Permanente también señala que deben ser los gobiernos regionales los que ratifiquen cuáles bienes inmuebles podrán ser incluidos en este mecanismo de promoción de la inversión privada, proyecto que también debe contar con el visto bueno del Instituto Nacional de Cultura Según los dirigentes cusqueños, recién el día 15 de febrero se definiría si se acata o no un paro regional en señal de protesta, que se llevaría a cabo por sectores con el objetivo de no perjudicar la actividad económica de la región. Incluso se ha hablado sobre una posible «toma» a Machu Pichu y otros centros turísticos. Las autoridades locales como el presidente regional, Hugo Gonzales Sayán, y la alcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros, manifestaron que si bien estaban impedidos de participar activamente del paro, respetarían la voluntad del pueblo cusqueño. No obstante, la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, expresó que todas las personas que instiguen o realicen actividades que perjudiquen el orden público del Cusco serían arrestadas conforme a ley, puesto que están promoviendo la violencia en temas que deben ser tratados en una mesa de diálogo. Esta opinión fue compartida por el Premier Jorge Del Castillo quien señaló que hasta sería posible que Cusco fuera descartado como una eventual sede de la APEC, cumbre a realizarse en noviembre de este año en Perú. Por su parte, los medios han criticado el hecho de que no sea la primera vez que se aprueba una norma importante sin tomar en cuenta la opinión de los gobiernos locales y regionales afectados con proyectos de gran envergadura promovidos por el gobierno central.

aniversario del partido político, sin embargo, el festejo fue más bien austero. Un discurso sencillo, pronunciado ante un escaso público –el acto de masas se postergó para más adelante- , en el cual el Presidente de Frente Amplio, Jorge Brovetto, destacó: «Estamos orgullosos de nuestro pasado y confiados en el presente». Sin embargo, en medio de los festejos, una complicación se asoma: la gran interrogante de quién será el candidato para las elecciones presidenciales del año 2009. Desde que fue pública la negativa del Presidente Vázquez de apoyar una reforma constitucional que permita su reelección, se barajan muchos nombres como posibles candidatos. La mayoría están vinculados con actuales miembros del gabinete presidencial, como ser el Vicepresidente, Rodolfo Nin Novoa, el Ministro de Ganadería, José «Pepe» Mujica, o el Ministro de Economía, Danilo Astori, entre otros. Mucho se discute, pero aún no hay consenso. De ese consenso dependerá encontrar el candidato «ideal», lo que puede ser decisivo para que el partido gane las elecciones.

medicinas. Directivos empresariales señalan que los problemas de escasez se derivan del control de precios que estableció el gobierno desde hace tres años, aunado al crecimiento de la inflación. El aumento de consumo, la falta de producción nacional y la especulación, podrían ser, también, causantes de la crisis. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, Roberto Ball, calificó de «muy grave» la situación de desabastecimiento en el país y señaló que el problema podría agudizarse más en los próximos días si el gobierno nacional no cambia su política económica: «es urgente un cambio de 180 grados en estas políticas para evitar un colapso del desabastecimiento en el país. La solución al problema es revertir los controles, es decir, retornar la libertad de precios» señaló el presidente del gremio empresarial. El Presidente Chávez reconoció, hace días, que existe desabastecimiento en el país, responsabilizando los empresarios y a la oposición del acaparamiento y especulación, así, como también, del contrabando de productos hacia Colombia para originar la crisis. Es por ello, que autorizó a la Guardia Nacional para interceptar y decomisar los camiones con alimentos y mercancía en esa frontera. Asimismo, promulgó la «Ley Especial de Defensa Popular», un decreto ley que forma parte de un paquete de medidas aprobadas por el presidente para contener la crisis. Sin embargo, la oposición ha rechazado las medidas tomadas por el primer mandatario; el presidente del gremio patronal Fedecámaras, José Betancourt, aseguró que «con mecanismos de chantaje o de amenaza, con una manipulación mediática, pretenden endosar el problema de desabastecimiento a quienes no lo han originado». Bentancourt, no descartó que la «ineficiencia gubernamental obedezca a un plan premeditado para confiscar los medios de producción». Mientras ambos sectores del país discuten quién es el culpable, los venezolanos madrugan en las calles, hacen colas por largas horas y envían mensajes de textos a sus conocidos cuando llegan provisiones a un supermercado para poder «cazar» los alimentos de la cesta básica.

primera piedra y anunciar que si gana las elecciones el próximo 9 de marzo obligará a los inmigrantes que deseen renovar sus permisos iniciales de residencia a firmar un «contrato de integración». Pero ¿en qué consiste ese contrato? Los extranjeros deberían comprometerse a «a cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentran empleo». Sus detractores reaccionaron al instante. José Luis Zapatero, actual presidente y líder del Partido Socialista (PSOE) acusó al PP de «xenófobo» y «racista» y se atrevió a pedir disculpas por los dichos de un colaborador del opositor en el que aseveraba que le parecía incorrecto que una mujer ecuatoriana se pudiera hacer una mamografía pero no pudiera hacer los trabajos más duros. Así comenzó el cruce de acusaciones que promete no menguar y al que día a día se le agregan nuevos ingredientes. Rajoy busca en la derecha europea el apoyo a su plataforma electoral, posando para la prensa con la canciller alemana Merkel, o el presidente francés Sarkozy y recibiendo de ellos elogios y su condicional apoyo. Pero no sólo se cuestiona la inmigración. A esta línea de mano dura se le agrega la posibilidad rebajar la edad penal de los menores de 14 a 12 años, cuestión que también generará polémica entre las esferas de los dos partidos. Analistas aseveran que, claramente, el PP está intentando buscar votos en el conflicto social, en los barrios donde residen los inmigrantes y compiten con los españoles por los servicios sociales. Lo que no queda claro y todos se preguntan es a qué se refiere exactamente con «costumbres españolas». Francia ha sido cauta con la tipología y ha decidido llamar «valores» a los elementos calificatorios para una buena integración. Muchos críticos se preguntan irónicamente si, por ejemplo, la siesta, ir de copas luego de la oficina o «tapear» forman parte de esas tradiciones que el inmigrante debiera internalizar. Los casi tres millones de inmigrantes extracomunitarios censados que residen en España, en el caso que no cumplieran con estos requisitos, deberían marcharse del país al no serle renovado su permiso de residencia. Los socialistas argumentan que los comportamientos ilegales son castigados cualquiera sea su nacionalidad y que para eso está la ley que lo regula. Ningún contrato estará por encima de las leyes constitucionales. El debate se abrió y promete no reducir sino aumentar la escalada de tensión conforme se acercan las elecciones. Muchos se preguntan: ¿sabrá Rajoy que, por lo general, el inmigrante se va de su país escapando del hambre, de la injusticia o de la violencia? Sería interesante nunca olvidar que, en otros tiempos, los españoles también fueron inmigrantes.